El reto de las fianzas en una región en pleno crecimiento

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por la CEPAL en 2013, América Latina tendrá casi 700 millones de habitantes para el año 2030.

Dotar de vivienda, infraestructura y servicios a una población de esta magnitud requerirá inversiones multimillonarias que deberán realizarse en las próximas 2 décadas.

Ningún gobierno de la región cuenta en la actualidad ni con la liquidez, ni con la capacidad para enfrentar de manera individual este tipo de proyectos.

Sólo en infraestructura energética, Latinoamérica tendrá que invertir en conjunto unos US$3.7 mil millones de dólares americanos en un periodo no mayor a 20 años. [1]

Cada país deberá encontrar los vehículos financieros más apropiados para realizar estas inversiones. Ya sea a través de proyectos mixtos, participando de la mano de la iniciativa privada, o a través de proyectos gerenciales y/o administrativos en los que su tarea se limitará a concesionar los proyectos a un tercero.

Sin embargo, y a pesar de lo irrealizable que parezca la tarea, las inversiones en infraestructura que requiera la región se irán realizando de acuerdo a las posibilidades de cada país.

Esta oportunidad única, sin duda significará un crecimiento exponencial para el mercado afianzador en su conjunto y llamará la atención de todos los participantes tanto del rubro afianzador, como del bancario (su principal competidor).


Crecimientos que llaman la atención

La participación de mercado en primas nominales del negocio afianzador latinoamericano pasó del 7% en 2003 al 17% del total global en el 2013. Gracias a los crecimientos anuales del orden del 15% que hasta hace poco promediaba la región.

La fianza es una herramienta ampliamente usada en América Latina. Al igual que en los EE.UU. su demanda es apoyada por la legislación, que obliga a los proyectos públicos de construcción a contratar este instrumento para garantizar la realización de los trabajos. Adicionalmente, en la región se ofrece una amplia variedad de fianzas: comerciales, judiciales y fiscales.

A diferencia de lo que sucede en Norteamérica, a los bancos se les permite competir con las aseguradoras. Sin embargo, la presencia de estas instituciones es mucho más débil que en Europa y las aseguradoras suelen tener una posición más fuerte en el mercado.

Lo anterior, aunado a la cautela con la que actúan los bancos después de la crisis del 2008 y a las normas que deberán cumplir una vez que entren en vigor los acuerdos de Basilea III, hace suponer que en la batalla por este mercado participarán más activamente las afianzadoras globales, regionales y locales; aunque por el tamaño del negocio, no sería descabellado pensar que los bancos también estarán presentes.

De acuerdo con la Asociación Panamericana de Fianzas (PASA), las aseguradoras locales tienen un 57% de participación del mercado regional de fianzas. El resto se divide entre empresas globales con un 33% y compañías regionales con el 10% restante. La concentración del mercado varía según los países. En México por ejemplo, el mercado está concentrado en cinco empresas que juntas representan el 80% del mercado, esto debido a que el mercado está fuertemente regulado y los requisitos de capital representan una seria barrera de entrada.[2]


Herramientas para facilitar el desarrollo

“A diferencia de cualquier otro instrumento financiero, la fianza ofrece muchos beneficios adicionales”, comenta Stephen Haney, Division President of Surety at ACE USA and Chief Underwriting Officer Global Surety. Por ejemplo, algunos inversionistas y contratistas buscan una fianza como un apoyo en la solución de conflictos, ya que las afianzadoras pueden intervenir y ayudar a encontrar una solución para lograr que un proyecto que presenta problemas pueda seguir adelante.

“La ventaja competitiva de la fianza es que se convierte en una carta de recomendación” señala Arturo Martínez, Director General de ACE Fianzas Monterrey en México y Vice President of Surety, ACE Latin America. El proceso de suscripción comprueba la capacidad del cumplimiento de los contratistas, esto aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos por lo que agrega valor a la inversión comprometida haciendo un traje a la medida en cada proyecto.

Otro incentivo para quienes eligen una fianza es que “los bancos sólo pueden ofrecer líneas de crédito a empresas establecidas”, dice Luc Reuter, Senior Vice President and Head of Surety, ACE Europe. “Las líneas de crédito así como las garantías bancarias limitan el crédito otorgado por los bancos; pero al diversificar a los proveedores de crédito para incluir empresas afianzadoras, los contratistas pueden liberar el crédito bancario para usarlo en inversiones, investigación y desarrollo, o incluso como capital de trabajo”, explica Reuter.[3]

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que las calificaciones crediticias de los bancos más importantes han estado bajo presión en las secuelas de la crisis financiera, mientras que las aseguradoras siguen disfrutado de un período de relativa estabilidad en su calificación crediticia.

Como ejemplo de ello, ACE y algunas otras compañías de seguros y fianzas ostentan una calificación de AA o equivalente, mientras que muchos de los grandes bancos europeos tienen calificaciones de AA- o inferior. Lo que brinda una razón más para tomar en cuenta a las afianzadoras como una mejor opción para los proyectos de infraestructura.


Los proyectos en curso

A lo largo y ancho de la región podemos ver diferentes proyectos, tanto de infraestructura como de creación de iniciativas que intentan prepararse para el reto poblacional que el mundo enfrentará en un futuro cada vez más cercano.

Brasil, por ejemplo, está desarrollando el 2° Programa Aceleración del Crecimiento. Concebido como un plan estratégico que combina iniciativas gerenciales y obras públicas, su primera fase demandó inversiones por $346 millones de dólares americanos y, combinando las dos fases, el monto alcanzaría los $872 millones.

En Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene por objetivo el atraer inversiones y fortalecer las alianzas público-privadas. Este nuevo tipo de sociedad busca promover la participación del capital privado en aquellos proyectos que por su envergadura requieran un financiamiento mixto. A esto se suma el Plan Maestro de Transporte 2010-2018 que incluye proyectos de mejoramiento de carreteras, autopistas de montaña, desarrollo portuario y líneas férreas que tienen por objetivo estratégico consolidar la conexión interoceánica.

Esta ley permite invertir hasta un 7% del PIB, lo que equivale a $2,800 millones de dólares americanos en 20 años, con un pago anual que no puede exceder el 0.5% del PIB. En términos actuales, equivale a $200 millones de dólares americanos al año.

Las inversiones se concentrarán principalmente en remodelación y mantenimiento de carreteras para mejorar la conexión entre los polos industriales y las salidas de producción.

En Argentina, la inversión pública está contemplada en el Plan Estratégico Territorial (PET) que apunta a las obras de infraestructura social, como el plan denominado PROCREAR, cuyo objetivo principal es reducir el déficit habitacional y de energía en los sectores de menores recursos.

Destacan dentro del PET el proyecto CAREM, de energía nuclear, que actualmente se encuentra en su primera etapa de construcción, la central hidroeléctrica Chihuido I, con un presupuesto estimado de US$1.5 mil millones de dólares americanos, que en este momento atraviesa por la etapa de consulta técnica de oferentes y finalmente la proyección de Atucha.

Mientras que por la parte privada, se cuentan proyectos en los sectores: automotriz por US$998 millones, construcción por US$745 millones, agroindustrial por US$424 millones, maquinaria agrícola por US$345 millones y alimentos por US$270 millones, cotizados todos en dólares americanos y alentados por la política de sustitución de importaciones.

Estas inversiones incrementarán la demanda de las fianzas tradicionales e incentivarán el diseño de las nuevas modalidades de coberturas que cubran los requerimientos de necesidades mixtas: públicas y privadas así, como de las nuevas obligaciones. [4]


Anexo

Los detalles de la regulación en la región, (actualizado 2002)

1. Brasil
En lo que respecta a Brasil, en 1967 mediante el Decreto Ley Nº 200, el Presidente de la República dispuso que en las licitaciones de compra, obras y servicios, la autoridad competente podía exigir la presentación de garantía por parte de los licitantes mediante tres diversas modalidades, entre ellas, expresamente, el seguro de garantía (Art. 135, Nº III).
No obstante, con posterioridad esta norma fue vetada y redujo a cero el mercado del seguro de garantía en Brasil, hasta que en 1986, mediante el Decreto Ley 2.300, se restableció en términos muy similares la norma de 1967: la autoridad competente podía exigir una garantía para las contrataciones de obras, servicios y compras, pudiendo el contratista optar por presentar un seguro de garantía, entre otras modalidades. En caso de ser exigida, la garantía no debía exceder el 5% del valor del contrato. Esta resucitación legal del seguro de garantía, sin embargo, no produjo un gran efecto en la suscripción de pólizas.

En materia de garantías, el cambio actual más importante lo constituye el proyecto de ley 543 (1999) aprobado por el Congreso pendiente de la aprobación del Presidente de la República.
Esta es la primera ley dictada específicamente respecto del seguro de garantía en Brasil, y se estima que tendrá una influencia muy beneficiosa en el desarrollo de este mercado. Se trata de una regulación orgánica y sistemática del seguro de garantía, donde el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la realización o ejecución de la obligación garantizada, por lo que una póliza de seguro de garantía podrá ser presentada en diversas instancias judiciales.

Asimismo, por Decreto Nº 3.717 (3/03/01) se dispuso que en los recursos contra decisiones en procesos de determinación y exigencia de créditos tributarios, el recurrente pueda garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mediante diversas modalidades de caución, entre ellas, el seguro de garantía. En cuanto a su monto, se establece que debe corresponder como mínimo al 30% de la exigencia fiscal definida en la decisión que se recurre. La modalidad de seguro no estaba permitida con lo que representa un avance también muy importante para el desarrollo del mercado de seguros de garantía en Brasil.

Cabe señalar, que a principios de los años 90´s en el ámbito de los contratos privados, un reconocimiento implícito al seguro de garantía y una nueva fuente de impulso al desarrollo del mercado, se encuentra en la Ley 8.245 (1991) que establece entre las obligaciones del arrendatario la de “pagar la prima del seguro de fianza”.

No obstante, el verdadero y actual impulso al desarrollo del mercado del seguro de garantía en Brasil lo constituye la Ley 8.666 (1993), la cual modificada por la Ley 8.883 (1994), dispone que en los contratos de la administración pública queda a criterio de la autoridad competente exigir la presentación de garantía en los contratos de obras, servicios y compras, entre cuyas modalidades se incluye expresamente al seguro de garantía.

Agrega la ley que el monto de la garantía no excederá del 5% del valor del contrato, debiendo mantenerse actualizado en las mismas condiciones que el contrato, pudiendo el porcentaje aumentarse hasta el 10% del valor de los contratos cuando éstos sean de alta complejidad técnica y riesgos financieros considerables (Art. 56).

Con el acelerado desarrollo del seguro de garantía en el ámbito público, las obligaciones entre privados comenzaron también a ser garantizadas mediante pólizas, incrementándose así significativamente este ramo de seguro. Este nuevo y real impulso ha producido un elevado crecimiento de la prima percibida por el ramo de garantía desde 1994.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros Privados -SUSEP- ha establecido la forma de contratación del seguro de garantía, mediante la aprobación de modelos de texto de pólizas, condiciones y tarifas, a través de las Circulares 4 y 5 (1997), y particularmente respecto de las garantías aduaneras y de las garantías inmobiliarias, por medio de las Circulares 62 y 66 (1998), respectivamente.

En cuanto a las garantías judiciales, no existe en Brasil un reconocimiento legal explícito. Con el dictado de la antes mencionada Ley 543 (1999), en estado de proyecto pendiente de la aprobación del Presidente de la República, el seguro de garantía judicial obtendrá un reconocimiento legal explícito.

2. Argentina

En Argentina las entidades que cumplan con las reglas legales comunes a todo tipo de aseguradores pueden suscribir los ramos de crédito y de fianzas o garantía. A su vez, los aseguradores no requieren constituirse con giro exclusivo de alguno de esos ramos ni de ambos.

La Ley Nº 20.091 faculta a las entidades que sean autorizadas para operar en seguro para “otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de seguro aprobadas” (Art. 7, letra b). Estas fianzas, a su vez, son generalmente aceptadas por el Estado, tanto para contrataciones como para obras y suministros, concesiones de obras y servicios públicos (Decreto 411, de 1969; Decreto 5.720, de 1972), y para cubrir las garantías a favor de Aduana (Ley 22.415, título III, Art. 455 y 453) y la Dirección General Impositiva.

Para las compañías de crédito y caución autorizadas al 30 de septiembre de 1998, los capitales mínimos ascienden a la suma equivalente a US$ 750.000 (lo mismo para el ramo de responsabilidad civil; o de daños, que comprende incendio, robo, transporte y otros similares; o seguros de personas (vida, accidentes personales), pero no retiro; en cambio, para automotores se exige US$ 2.000.000; y para un conjunto amplio, US$ 3.000.000).

En cambio, para las compañías de crédito y caución autorizadas con posterioridad al 30 de septiembre de 1998, los capitales mínimos exigidos son mucho mayores, ya que aun cuando pretendan operar exclusivamente esos ramos, el capital mínimo exigido es de US$ 5.000.000, el mismo que requieren si operan otros varios ramos conjuntamente con crédito y caución (pero para automotores, las nuevas compañías requieren un capital mínimo de US$ 10.000.000).

Resulta pertinente señalar que existe un proyecto de ley de seguros en virtud del cual el Superintendente tendrá nuevas facultades, entre otras, para el control de la solvencia de las compañías y la revisión de los planes técnicos. Este proyecto no contiene actualmente disposiciones particulares para los seguros de crédito ni los de garantía.

3. Colombia

En Colombia, todas las compañías de seguros generales (no vida) deben cumplir el mismo requisito de capital mínimo, que actualmente es de Col $ 4.858 millones (poco más de US$ 2.000.000), con la única excepción de las que tengan por objeto exclusivo la suscripción de seguros de crédito a la exportación (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 80, modificado por la Ley 510, de 1999, y Decreto 2.323, de 1999).

En adición a ese capital mínimo, las compañías deben acreditar un patrimonio técnico, cuyo monto es diferente según el ramo, y que en el caso de crédito -sin distinción de doméstico o exportación-asciende a Col $ 1.359 millones (monto actualizado por el Decreto 206, de 1999).

En suma, una compañía para suscribir garantías en Colombia, debe constituir un capital cercano a Col $ 6.000 millones (cerca de US$ 2.700.000). Asimismo, cualquier compañía de seguros generales habilitada para operar en Colombia puede emitir pólizas de garantía. Por otra parte, para suscribir el ramo de garantía la compañía interesada debe constituir el capital mínimo exigible a cualquier compañía de seguros generales, actualmente Col. $4.859 millones (poco más de US$ 2.000.000), más un monto correspondiente al patrimonio técnico saneado por ramo, que en el caso de garantía asciende a poco más de Col. $1.000 millones.

Con respecto a la aceptabilidad de las garantías, cabe destacar que con la promulgación de la Ley 80, en 1993, y su reglamento (Decreto 679, de 1994), se estableció que se permite, a quien contrate con el Estado, garantizar sus obligaciones emanadas de contratos estatales tanto mediante pólizas de garantía como con garantías bancarias.

Por diversos motivos, además, en la mayoría de los casos se utilizan las pólizas de garantía, también para la seriedad de oferta. Dice la Ley 80, en su artículo 25, párrafo 19, que el contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y el proponente prestará igualmente garantía de seriedad. Las garantías, dice la ley, “consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias”.

Por lo anterior, las garantías emitidas por las compañías de seguro son en la actualidad ampliamente aceptadas, en particular por el Estado y sus instituciones. Incluso, la legislación ha tenido el mérito de contener normas especiales para la aceptación de pólizas de garantía en el caso de concesiones, resolviendo el problema que representa el largo plazo en estos casos: la póliza puede ser emitida por período de vigencia menor a la del contrato de concesión. Por otra parte, el decreto de reglamentación señalado establece que el monto de la garantía de cumplimiento no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, de modo que el mandante – contratante público- puede fijar un porcentaje mayor.

4. Perú

El marco regulatorio de los seguros de crédito y de garantía de Perú lo encontramos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Nº 26.702 (1996).

Se trata de una ley que permite un ámbito bastante amplio de autonomía para el funcionamiento de las entidades de seguro y empresas afianzadoras y de garantía, y ha sido un paso importante en la desregulación del sistema peruano. A modo de ejemplo, la ley les reconoce a las empresas de seguros libertad para determinar las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras comisiones (Art. 9).

Para su funcionamiento, las compañías de seguro deben constituir y mantener un capital mínimo (Art. 16) que para la empresa afianzadora y de garantía es actualmente de S/.1.686.220 nuevos soles (equivalente a cerca de US$ 480.000) y para las aseguradoras de crédito, como para cualquier compañía que suscriba uno o más ramos de seguros generales (no vida), es el doble, esto es, S/. 3.372.441 (cerca de US$ 960.000). Para las compañías que operan tanto en general como en vida: S/. 4.635.863, equivalente a US$ 1.316.446 (considerando un tipo de cambio = 3,5215).

Al respecto cabe mencionar que la ley en el mismo Art. 16, considera especializada a la empresa afianzadora y de garantía, y no así a las compañías aseguradoras de crédito, que no las menciona expresamente. En el ramo de garantía se establece una diferenciación entre empresa de seguro, por una parte, y empresa afianzadora y de garantías, que pertenece al sistema financiero (Art. 282, Nº 9), por otra, a la vez que autoriza a las empresas de seguros para emitir pólizas de caución y, previa ampliación de su autorización de funcionamiento, para emitir también fianzas (Art. 318).

No obstante, la distinción podría estar dada por el hecho de que la empresa afianzadora y de garantía ha sido definida en función del objeto consistente en otorgar afianzamiento “en operaciones vinculadas con el comercio exterior”. En cuanto a las empresas de seguro, éstas emiten “pólizas de caución vinculadas a prestaciones de hacer o de no hacer” al igual que fianzas no vinculadas con el comercio exterior. Los contratos de obras, de adquisiciones de bienes o contratación de servicios necesariamente deben incluir cláusulas referidas a garantías de fiel cumplimiento. Estas garantías deben cubrir, al menos, las penalidades por mora e incumplimiento (Art. 41).

En este sentido la ley establece las normas que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios u obras.
Sólo son aceptables para el Estado peruano las garantías de ejecución inmediata, ya que, por expresa disposición de la ley (Art. 40, inciso 2º) deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la respectiva entidad pública.

Se les prohíbe expresamente a los emisores de las garantías oponer excusión alguna, debiendo responder por la demora en el pago asumiendo el costo de los intereses (Art. 40, inciso 3º). Agrega el reglamento (Art. 38) que las garantías se harán efectivas por el motivo garantizado, lo que constituye un expreso reconocimiento a la facultad del emisor de la garantía inconforme para reclamar contra el cobro indebidamente efectuado, pero siempre después de su pago.

Las garantías contempladas en la Ley (Art. 40) son las siguientes:

− Seriedad de oferta,
− Fiel cumplimiento del contrato,
− Correcta inversión de anticipos (“los adelantos”) y
− Seriedad de cumplimiento.

En caso de demoras en la ejecución de las obras, es exigible una garantía de cumplimiento para el plazo fijado en el nuevo calendario (Art. 114 del Reglamento). También son admisibles, y a su vez exigibles, garantías para interponer un recurso de apelación contra aspectos referidos al acto público de presentación de propuestas, antes o después de ese acto, por un monto equivalente al 1% del valor referencial del bien o servicio cuyo otorgamiento se impugna (Art. 123 y 121 del Reglamento).

5. Ecuador

La legislación ecuatoriana no prohíbe ni permite expresamente la suscripción de seguros de crédito. La Superintendencia tiene la facultad para aprobar un nuevo tipo o ramo de seguro, y no lo ha hecho respecto de los seguros de crédito. Ninguna compañía se ha formado para suscribir este ramo y ninguna de las compañías de ramos generales ha sido autorizada para emitir pólizas de crédito (se desconoce que alguna empresa lo haya solicitado).

En cambio, la nueva Ley General de Seguros (expedida en abril de 1998, en reemplazo de la de 1965) expresamente faculta a las compañías de seguro para otorgar fianzas o garantías, previa autorización de la Superintendencia de Bancos, organismo que las regula en Ecuador (Art. 43).

La póliza con constancia de pago o recibo de indemnización es considerada como título ejecutivo en Ecuador. El recibo o factura de prima es también título ejecutivo para el cobro de la prima, en razón de ser las pólizas de carácter incondicional, irrevocables y de cobro inmediato (al menos las del sector público).

También puede convenirse que, en caso de renovación de pólizas por orden de beneficiario del sector público, la prima se pague mediante descuento de valores retenidos por el mandante al contratista.

De acuerdo a la ley de contratación pública del Ecuador, las pólizas son de igual aceptación que las garantías bancarias.

6. Chile

En Chile, la fianza es un contrato mediante el cual un tercero se compromete a cumplir con una obligación que no es propia ante un acreedor en caso de que su deudor no lo haga. Se trata de un contrato civil o comercial según sea el negocio al cual accede, y en principio no existen limitaciones acerca quien puede otorgarla.

No obstante lo anterior es útil destacar que en el ámbito bancario y de los seguros existen instrumentos que reproducen la fianza y que frecuentemente son señalados por legislaciones especiales como forma de caucionar ciertas obligaciones para con el Estado o particulares que puedan ser afectados por el incumplimiento de obligaciones de un tercero.

En el ámbito bancario, estas entidades dan fianza a través de las denominadas “boleta bancarias de garantía”. Asimismo, en el ámbito de los seguros, la fianza tiene expresión en los seguros de garantía, fidelidad y de crédito. Los dos primeros pueden ser contratados en las compañías de seguros generales (no vida), su cobertura alcanza los perjuicios por incumplimiento de obligaciones de hacer, no hacer y dar, exceptuadas las de dinero o crédito de dinero. El último debe contratarse en compañías de seguros generales especializadas y cubre los perjuicios para el acreedor por el no pago de obligaciones de dinero o crédito de dinero.

En cuanto al marco normativo del seguro de crédito consiste prácticamente en una sola disposición legal. Para la ley chilena (Ley sobre Compañías de Seguros, Art. 11, inciso final) es seguro de crédito aquél que cubre los riesgos de pérdidas o deterioro en el patrimonio del asegurado, producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de dinero. Cabe señalar que la cobertura no está restringida, como en muchas otras legislaciones, a los créditos generados por ventas internas o exportaciones, sino que comprende también a otras diversas operaciones, como los contratos de arrendamiento o leasing, y hasta a los mutuos o préstamos de dinero.

Dispone la ley (el Art. 11 de la Ley sobre Compañías de Seguros, modificada en esta disposición por la Ley Nº 18.660, de 1987) que los riesgos de crédito deberán ser asegurados sólo por compañías del grupo de aseguradores de riesgos generales -no vida- que tengan por objeto exclusivo precisamente cubrir este tipo de riesgo, pudiendo, además, cubrir los de garantía y fidelidad como se mencionó con anterioridad.

Estas compañías especializadas, en todo caso, deben cumplir con el mismo requisito de patrimonio mínimo exigido a las compañías que operan en todos los ramos no vida, o en todos los ramos de vida, y que asciende a UF (Unidades de Fomento, actualizables diariamente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC) 90.000 (equivalente a cerca de US$ 2.500.000). Por lo tanto, se les impide operar en otros ramos (salvo garantía y fidelidad), pero se les exige el mismo capital de las que operan en todos los ramos no vida o todos los ramos de vida. Naturalmente, el patrimonio mínimo no es la única exigencia de solvencia.

El Estado no participa en la constitución de compañías ni en su propiedad, y las compañías aseguradoras de crédito otorgan la cobertura de riesgos políticos y extraordinarios sin apoyo estatal, sino que con reaseguro privado.

No obstante, las garantías también pueden ser suscritas por compañías que operan en la diversidad de los ramos generales (no vida), y de hecho varias de ellas lo hacen. De este modo, la ley chilena estableció la especialización para crédito pero no para garantía. En consecuencia, las pólizas de garantía son suscritas en Chile tanto por compañías especializadas, de “seguros de crédito”, como por compañías que no lo son.

Las garantías han sido desarrolladas en Chile principalmente en contratos privados. No existe una norma general de contratación con el Estado, pero sí diversas normas de distintos organismos públicos que expresamente aceptan entre las cauciones las pólizas de garantía, aunque generalmente con limitaciones. Estas pólizas pueden ser suscritas para las siguientes coberturas: seriedad de presentación a propuesta, fiel cumplimiento de contrato, garantía adicional, devoluciones de anticipo y retenciones. [5]

7. El Salvador

El contrato de seguro en El Salvador ha sido regulado en el Código de Comercio, promulgado en 1970 (Art. 1.344 a 1.500), y el marco legal que rige a las sociedades de seguros y las afianzadoras se encuentra principalmente establecido en la Ley de Sociedades de Seguro, dictada recién en 1996.

Cabe señalar, que los seguros de crédito no se contemplan en la Ley de Sociedades de Seguro, y de hecho no existen compañías de seguro de crédito en El Salvador ni se suscribe el ramo de crédito por ninguna aseguradora de ramos generales, aunque no se encuentra prohibido. En cambio, se encuentra expresamente prohibido a las sociedades de seguros (Art. 25e) otorgar garantías financieras, aunque la definición de estas cauciones es restringida.

El desarrollo de operaciones de afianzamiento es facultad exclusiva de las afianzadoras (Art. 19, inciso 4º). Sin embargo, la Ley (Art. 19) establece que las operaciones de fianzas pueden ser realizadas por cualquier sociedad de seguro, cuando la compañía no tenga por objeto el desarrollo exclusivo de esta actividad. Es decir, pueden suscribir fianzas tanto las afianzadoras así como también las sociedades de seguro en general.

El margen de solvencia exigido para operaciones de fianzas es la cantidad que resulte de aplicar un porcentaje comprendido entre el 1% y el 3% al total de responsabilidades netas de reafianzamiento y reservas de saneamiento (provisiones de impagos; Art. 31 e). Son parámetros distintos que los aplicables para las operaciones de seguros.

Por otra parte, en El Salvador se encuentra prohibido otorgar fianzas mercantiles a título oneroso a cualquier persona distinta de las sociedades de seguro y de las entidades autorizadas por la Ley de Bancos y Financieras por la Ley de Bancos y Financieras (Art. 74, Ley de Sociedades de Seguro, y Art. 1.539, Código de Comercio).

El capital mínimo que debe constituir y mantener la sociedad de seguros (conforme al Art. 14 de la Ley de Sociedades de Seguro, y montos actualizados, conforme a Art. 98 de esa ley, por Resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero Nº 8399 de fecha 8 de diciembre de 1999) es, para una de seguros generales incluyendo las operaciones de fianzas, Col. 7,500.000 (US$ 857,143), y para una afianzadora que realice exclusivamente operaciones de fianzas, Col. 4.300.000 (poco menos de US$ 500,000). En cambio, para operar en todos los ramos, vida y no vida, se requieren Col. 12.800.000, equivalente a poco menos de US$ 1,500,000.

[1] World energy investment special report. International Energy Agency.

[2] Trade Credit Insurance and surety: taking stock after the financial crisis. October 2014, Swiss Re

[3] Using surety to facilitate infrastructure investment. ACE Report, Surety. 04/15

[4] Mercado Asegurador

[5] Marco regulatorio de Fianzas a nivel internacional. Adrián Pérez Barnés. CNSF

Elaborado por Agencia Brand Box